El lunes, la Juve y los otros 12 sospechosos por los que se ha presentado una solicitud de acusación -desde el expresidente Agnelli hasta Nedved, desde Arrivabene hasta Paratici- se presentaran ante el juez de instrucción Marco Picco.
Las acusaciones presentadas por la fiscalía de Turín, que investiga las cuentas del club de 2018-19 a 2020-21, van desde las comunicaciones corporativas falsas hasta el obstáculo a la supervisión, desde el uso de información privilegiada hasta la facturación falsa. Ayer, los fiscales turineses de la investigación Prisma presentaron las últimas actualizaciones cuenta el diario TuttoSport.
Una carpeta en la que destaca la audiencia de Luca Ferrari, el abogado de Dybala, escuchado en la Fiscalía de Turín en las últimas semanas. El letrado, durante las conversaciones con los magistrados, confirmó que su cliente aún debe más de 3 millones vinculados a la segunda maniobra salarial de la Juve y pide también una cantidad similar por responsabilidad precontractual por la no renovación.
Es decir, la diferencia entre el importe del acuerdo que Dybala había cerrado con el cliub bianconero, antes del cambio de planes de la Juve, y el contrato firmado con la Roma.
