Lentitud y, en consecuencia, indeterminación: si no es la burocracia, son los tribunales. En este caso concreto, el civil que mantiene secuestrado desde hace más de un mes el nuevo estadio de la Roma en Pietralata, generando así una incertidumbre total sobre quién tiene razón y quién no entre el Ayuntamiento y los vecinos. Y la Roma con su inversión de mil millones de euros, acaba en el medio. No es exactamente una buena ficha de presentación para quienes desean hacer negocios en la capital asegura el diario Il Messagero.
El lunes por la mañana, geólogos y perforadores finalmente regresaron a las zonas de Pietralata, anteriormente prohibidas, liberadas mediante desalojo forzoso el 7 de agosto. Estamos hablando de dos zonas, hasta el 7 de agosto, en posesión de dos familias. Cuando, en primavera, el Ayuntamiento pide a estas personas que dejen acceder a los geólogos designados por Roma para realizar los estudios y los muestreos, estos dos vecinos recurren al tribunal civil: «a la espera de decidir si la propiedad de estas zonas pertenece a el Municipio o el nuestro – es el resumen de los llamamientos – la posesión de estas áreas que son nuestras aún debe ser protegida». Dos jueces distintos coinciden con los vecinos.
La Municipalidad emite dos ordenanzas para la readquisición forzosa de las dos áreas. Evidentemente, los dos vecinos apelan, pidiendo que se suspenda la eficacia de las ordenanzas municipales. Los vecinos recurren al TAR contra este último. Los jueces rechazan los recursos. De hecho, destacan cómo no existen elementos de apoyo para sostener que el inmueble pertenece a estas dos entidades. En definitiva, una ocupación sin título. Se presentan tres recursos ante el Consejo de Estado, que es el juez de apelación del TAR. Consejo de Estado que confirma las decisiones del TAR.
Sólo queda la cuestión de las dos ordenanzas de «protección de la posesión». Aunque ya no existe el elemento de posesión, formalmente las ordenanzas siguen vigentes. La Fiscalía de la capital ha interpuesto recurso contra ellos. Las audiencias estaban programadas para los días 12 y 25 de septiembre. El del día 12 se abre y se cierra por un defecto de procedimiento y se aplaza al 18 de octubre. Pol se aplazará por segunda vez, al 7 de noviembre. La otra, el 25 de septiembre, se celebró periódicamente. Pero la sentencia parece perdida en el limbo: ahora, un mes después de la audiencia, todavía no hay rastro de la decisión del jurado. Lo cual, en realidad, no parece tratarse de un caso de complejidad particular y bizantina. Esta lentitud del Tribunal a la hora de dictar sentencias genera incertidumbre para todos: el Ayuntamiento, los vecinos, las comisiones y As Roma.
